Leed, leed y desesperad:
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Al cruzar los controles, quien más quien menos se habrá preguntado alguna vez: ¿sirven para algo estos controles? Los expertos lo tienen claro. "Las medidas instauradas por el reglamento 1546 son completamente inútiles. No han mejorado en nada la seguridad en las aeronaves ni en los aeropuertos", señala desde París Christophe Naudin, investigador del departamento de Amenazas criminales contemporáneas de la Universidad París 2 y autor del ensayo La sûreté aérienne.
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El reglamento, considerado un desatino por los expertos en Derecho, fue redactado y aprobado por la Comisión Europea en un santiamén. Todo empezó en agosto de 2006, cuando Reino Unido desbarató una supuesta trama para hacer estallar con líquidos explosivos varios aviones con destino a Norteamérica. Londres aplicó entonces una serie de medidas restrictivas con los líquidos y envió un informe a la Comisión. Allí, el Comité de Seguridad de la Aviación Civil, integrado por expertos de los 25 Estados miembros, se reunió a puerta cerrada el 27 de septiembre de 2006 para debatir la revisión de la seguridad y adoptó las medidas británicas. Sólo se opusieron tres países: Italia, Irlanda y República Checa, que lo consideraron "desproporcionado".
En cuestión de diez días, la Comisión ratificó el reglamento sin consultarlo con el Parlamento y lo convirtió en ley para toda la Unión. El texto tiene un único artículo que ordena aplicar las normas del anexo, donde se detalla lo que no pueden embarcar los pasajeros. Su contenido fue declarado secreto y nunca ha sido publicado de manera oficial, aunque ha sido divulgado por varios medios de comunicación. La Comisión justifica que la normativa ha de ser confidencial para no dar pistas a presuntos terroristas. Hay otras explicaciones. "Si unas normas tan absurdas fueran públicas, el pitorreo general impediría aplicarlas", opina al teléfono desde Nueva York Joan J. Queralt, catedrático de Derecho penal de la Universidad de Barcelona.
No está muy claro, sin embargo, cómo se puede cumplir una normativa que nadie conoce. Ni los pasajeros ni los propios vigilantes de seguridad y guardias civiles. Este secretismo, según los expertos, vulnera derechos del ciudadano. "Es contrario al Estado de derecho", subraya Juan José Solozábal, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid. "El ciudadano tiene que saber lo que no puede hacer. La publicación de las normas es fundamental para que éstas puedan cumplirse", precisa.
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El secretismo causa otra molestia a los pasajeros: la arbitrariedad. La norma se aplica de manera diferente en cada país e incluso en cada aeropuerto. Así se dan casos como el de la ensaimada rellena de crema que puede volar de Mallorca a Berlín, pero no de Berlín a París. En otros países la polémica la han protagonizado el foie y el queso cremoso.
Como el anexo es secreto, los vigilantes de seguridad y guardias civiles sólo tienen como referencia las instrucciones genéricas que la UE distribuyó entre las autoridades de los países miembros. Su margen de aplicación es, por tanto, muy amplio y a veces provoca situaciones totalmente injustificadas. Como la de obligar al pasajero a descalzarse antes de pasar por el arco o la de impedirle que embarque una botella de agua vacía o una lata de refresco.
"Es como si los criterios de la prueba de alcoholemia fueran secretos. Dependería de cada policía", critica Guardans, que lleva meses batallando contra los reglamentos secretos. La desprotección jurídica es flagrante, ya que el pasajero no puede defenderse. No hay ningún documento oficial que se pueda esgrimir ante los vigilantes de seguridad.
¿Cómo se resuelve la paradoja de que alguien que tiene que hacer cumplir una norma no la haya leído nunca? El Ministerio de Fomento, la autoridad de la que dependen los aeropuertos, rehúsa explicar esta aparente contradicción. Aduce que es un asunto de seguridad y que por tanto compete a Interior. "Es una normativa secreta pero no para quien la tiene que hacer cumplir", asegura una portavoz de este ministerio.
"Los guardias civiles [responsables de los controles] instruyen a los vigilantes de seguridad, que en caso de duda les preguntan". Guardans discrepa. "Es mentira que sea competencia de Interior por tratarse de un tema de seguridad. El reglamento lo aprobó un Comité de Seguridad Aérea de Aviación Civil y en este comité había un representante de Fomento".
El reportaje completo de Abel Grau y Elena G. Sevillano en El País
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